“La tortuga terrestre de Galápagos es la más grande del mundo. Puede pesar más de 200 kg”
Las Islas Galápagos se encuentran en el Océano Pacífico y pertenecen a Ecuador; es conocida por sus paisajes, aventuras y la interacción con la flora y fauna del lugar. Por ello, las tortugas gigantes se encuentran en peligro; por ello la fiscalía de Ecuador indagará la presunta cacería de tortugas gigantes en las islas Galápagos (Isabela); un sutil ecosistema considerado patrimonio natural de la humanidad.
Las Islas Galápagos («tortuga») se consideran una reserva de la biosfera debido a su flora y fauna únicas. Según el Parque Nacional Galápagos, alguna vez fue el hogar de 15 especies de tortugas; tres de las cuales se extinguieron hace siglos.
La unidad especial de la fiscalía (Uidmen) para delitos contra el medio ambiente y la naturaleza; ordenó un juicio que incluye el obtener una versión de los policías del Parque Nacional Galápagos; designación de un experto en autopsias de animales y reconocimiento de signos, etc.
Castigo por la caza de la fauna silvestre
En 1933 la matanza de las tortugas gigantes fue prohibida en Galápagos; por ello toda aquella persona que daña la flora silvestre tendrá un castigo de tres años de cárcel.
Por lo tanto, matar, o dañar algún animal en peligro de extinción es un crimen como lo estipula el articulo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.
En 2019, un ciudadano que solo hirió a una tortuga y perjudicó su caparazón fue sancionado con una multa de 11.000 dólares. Ese mismo año, otro conductor debió pagar más 15,000 dólares por arrollar y matar a una iguana endémica de Galápagos.
Para septiembre de 2021 guardaparques de la Unidad Técnica de Isabela (UTI), de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), hallaron restos de quince tortugas gigantes asesinadas en el sector de La Gorra, una zona rural al este del volcán Sierra Negra, a 16 kilómetros de Puerto Villamil.
Al matar un animal en peligro de extinción es un crimen tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. PI afirma que funcionarios del Municipio de Isabela, guardaparques, de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y familiares de exasambleístas estarían involucrados en estas muertes.
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